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2015 / 20 octubre

Primera sentencia del Tribunal Supremo de aplicación del “derecho al olvido”


DOCUMENTO | SENTENCIA. DERECHO AL OLVIDO DIGITAL

El TS en su sentencia de15 de octubre de 2015, tras reproducir los términos de la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014 contra Google, fija los términos en los que un medio de comunicación deberá aplicar este fallo y, en definitiva, el derecho al olvido solicitado por los demandantes. Es de señalar que la acción ejercitada no es la de tutela de derechos de protección de datos en la jurisdicción contencioso-administrativa, sino la del protección al honor, la intimidad y la propia imagen ante la negativa de Google y del propio medio de acoger el derecho de oposición ejercitado por la demandante.

Los límites establecidos se ajustan a la sentencia TJUE que son menos extensos que los acordados por la audiencia:

“La consecuencia de lo expuesto es que debe estimarse en parte el recurso de casación y revocar los pronunciamientos relativos a la supresión de los datos personales en el código fuente y del nombre, apellidos o incluso iniciales, y a la prohibición de indexar los datos personales para su uso por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca digital.

Procede mantener los pronunciamientos declarativos y los demás pronunciamientos de condena, bien entendido que cuando el fallo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, asumido por la Audiencia Provincial, declara la ilicitud de la “difusión” de la noticia y condena a Ediciones El País a cesar en su “difusión”, se está refiriendo exclusivamente al tratamiento de los datos personales incluidos en la noticia tal como se está haciendo en la hemeroteca digital, esto es, permitiendo su indexación por los motores de búsqueda de Internet.

Los demás pronunciamientos se mantienen, en concreto la obligación de Ediciones El País de instalar códigos o instrucciones en la página web que impidan la indexación y archivo de los datos personales de las personas demandantes en las bases de datos de los motores de búsqueda de Internet, la indemnización por los daños causados como consecuencia de la intromisión ilegítima en el honor y la intimidad por el tratamiento de los datos personales sin respetar las exigencias derivadas del principio de calidad de los datos, en lo relativo a su pertinencia, adecuación y proporción en relación a los fines para los que se hizo la recogida y el tratamiento de tales datos, y la prohibición de que en la publicación de cualquier noticia que se refiera a este proceso se incluyan datos que puedan identificar a las personas demandantes, como sus nombres, apellidos o iniciales.”

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