En la edición de hoy del diario Cinco Días se publica la siguiente entrevista realizada por Marimar Jiménez a Paloma Llaneza.

«En internet es absurdo querer remunerar al autor por copia»

En plena polémica sobre la ley que prepara el Gobierno para combatir la piratería por internet, Paloma Llaneza apunta que es triste que la internet española se movilice porque le van a quitar las descargas ilegales y que las entidades de gestión de derechos defiendan un modelo de negocio ya muerto. «Es necesario debatir entre todos y crear una nueva regulación de la propiedad intelectual que se aleje del concepto físico de copia».

¿Hace falta realmente en España una regulación adicional para solucionar el tema de las descargas por internet?

Lo que hace falta es una nueva regulación de propiedad intelectual, porque la norma española actual está muy pegada al concepto físico de copia. Hay un consenso general en el mundo de que al autor, al distribuidor o al explotador de los derechos se le remunera pagándole por número de copias, pero ese concepto en internet es absurdo. Ahora las obras están hechas de bits y ya no se pueden controlar las copias. Realmente hace falta una reflexión profunda sobre la propiedad intelectual, pero ese es el gran melón que nadie quiere abrir.

¿Cómo ha visto la reacción de los internautas?

Voy a ganarme más de tres enemistades, pero creo que en el mundo del blogger hay mucho ego y aquí ha habido mucho de eso. Da la impresión viendo el manifiesto que hicieron que nadie se ha molestado en leer la ley y reflexionar. Se pueden decir cosas mucho más duras sobre esa norma de las que dice el manifiesto, pero éste peca de esa tendencia española de echar las patas por alto, diciendo que nos van a cerrar internet e incitando a ir a las barricadas. Falta rigor en el análisis y organización en el movimiento blogger.

¿Y qué aspectos criticaría usted de esta norma?

Primero, que no es manera de legislar un problema grave. Si hay un problema con la propiedad intelectual en internet hay que abrir un debate serio y regularlo de otra forma. Hay que tener en cuenta que ya no hay solo creadores en las entidades de gestión de derechos o en las discográficas, ahora todos podemos ser creadores y todos estamos interesados en ese debate. Hay personas que están en internet y quieren regalar su trabajo y otras prefieren cobrarlo. Además, debería aparecer en la ley la formación de la Comisión de Propiedad Intelectual. No se puede admitir que una comisión, que no sabemos por quién va a estar formada, decida sobre qué se quita y qué no de internet. Si la elección de los miembros de la CMT está en la Ley General de Telecomunicaciones, y la de los del Consejo General del Poder Judicial en una Ley Orgánica, no entiendo por qué no se va a conocer la formación de esta comisión. También debería aparecer en la ley el procedimiento de bloqueo de webs para que podamos debatir sobre un texto concreto.

Pero la principal polémica desatada es que esta norma abre la opción de cerrar páginas web por vía administrativa.

Sí, y me ha sorprendido, porque el cierre administrativo ya existe en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. Ésta da capacidad al Ministerio de Industria (también a comunidades y ayuntamientos) de cerrar webs, pedirlas que quiten links y sancionarlas. Esa discusión ya se tuvo y para evitar ese debate en la reforma de 2007 se incluyó una orden judicial si está en riesgo algún derecho o libertad constitucional. Lo que sí es nuevo es que aparezca el Ministerio de Cultura en una norma que gestiona Industria, si bien es cierto que este ministerio ha aplicado poco la LSSI.

¿Y por qué?

No lo sé. Lo que sí veo es que la LSSI tiene otras incongruencias, por ejemplo que una autonomía pueda cerrar una web que se ve en toda España porque vaya en contra de la política o del sentir de esa comunidad, lo que podría generar situaciones absurdas dentro del propio mercado nacional. Creo que por eso no se ha aplicado y por eso es una ley durmiente. Ahora a alguien se le ha ocurrido que es la vía para solucionar los problemas graves de propiedad intelectual. No parece el modo, cuando esa ya la protegía.

«La industria cultural defiende un modelo agonizante»

¿Qué le parece la postura que mantienen las entidades de gestión de derechos?

Es marketinianamente muy interesante que estas entidades, que no son creadores, estén intentando sobrevivir en un mercado que ya ha muerto. Defienden un modelo agonizante, y no creo que su problema se solucione con estas modificaciones legales ni tampoco con sentencias ejemplares. No se han dado cuenta que hay otro tipo de creadores que ya no dependen de entidades de distribución. Internet provee una relación más horizontal y una creación más granular.

Supongo que adaptarse al cambio es duro.

Sí, lo es. Pero también hay que hablar de cuántos programas de televisión se nutren de lo que los internautas cuelgan gratis en internet. Es vergonzoso hacer esos programas y que se ponga como fuente Youtube, que es una plataforma neutra que no tiene derechos de propiedad intelectual, y nunca se cite a la persona que ha filmado el vídeo. Eso supone que los que reclaman la creación como algo exclusivo de ellos son los primeros que se hacen con la creación que hay en internet. Consideran que lo está en la red es de los internautas. Es decir, comparten el principio libertario de que todo es de todos, pero sólo cuando les interesa.

¿Y cómo se puede solucionar este problema?

Es cierto que hay un mercado negro de películas importante para las descargas y todo un negocio detrás; negar la evidencia da vergüenza. Yo creo que hay que remunerar a los autores, pero no por copia. Ahora bien, los creadores han perdido muchas oportunidades por el camino. No quisieron estar en plataformas como iTunes; prefirieron agotar su negocio, que les era más rentable. No creyeron en las nuevas formas de hacer negocio, se han olvidado de cuidar al cliente (dándoles valor añadido) y aquí están ahora las consecuencias. La solución pasa por encontrar vías de negocio y para ello deben mirar cómo consume cultura la gente.

Los creadores piden cobrar por sus derechos

Otro asunto espinoso del anteproyecto de ley es el de la violación del secreto de las comunicaciones. «Aquí subyace otro viejo debate que nadie se atreve a poner en claro», dice Llaneza. «La cuestión es que como no se puede controlar internet, ni saber cuántas copias se descarga la gente, lo que quieren las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual es que los operadores -que según ellos se benefician de sus contenidos- paguen por ellos. Defienden que el ADSL es una conexión neutra y que un ADSL sin un contenido detrás no se vendería. Las operadoras no están por la labor y «estoy de acuerdo con ellas», añade Llaneza, quien apunta que las telecos defienden que no están obligadas a saber qué pasa por sus redes porque se limitan a dar un servicio de acceso. «Es lógico, ya que en caso contrario, estarían reconociendo que unos contenidos van por sus redes y se abriría un melón más complicado: si la operadora sabe qué va por su red estaría violando el secreto de las comunicaciones y podría ser responsable de los contenidos y pagar por la violación de derechos de propiedad». Pero «si eso fuera así, las operadoras, para asegurarse de que nada que fuera demandable circulara por sus redes, acabarían controlando los datos de la red y evitarían determinados tipos de comunicaciones, escaneando las redes o poniendo filtros».